En nuestro post “La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual” ya relatamos la fuerte polémica que desató ésta última reforma (Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) aprobada por el Gobierno del Partido Popular y que entró en vigor el pasado 1 de enero del presente año.
Hoy de nuevo vuelve a estar en el candelero porque el grupo socialista ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra un conjunto de preceptos de la citada Ley.
En concreto, el partido socialista considera que tres puntos de esta norma no respetan el texto constitucional: la compensación por copia privada, la gestión del sistema de recaudación de ventanilla única y el establecimiento de un arbitraje obligatorio en caso de desacuerdo respecto a las tarifas.
En relación al primer punto, se impugna el artículo primero que regula la compensación económica por Copia Privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por cuanto los socialista consideran que este sistema no justo afecta a todos los ciudadanos por igual “consuman o no consuman” y cuya cantidad está planteada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sin que se valore el perjuicio causado.
Planteamiento este contrario a los artículos 33 y 31 de nuestra Constitución. En los cuales se reconoce y protege el derecho de propiedad privada y se establece la exigencia de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, lejos del carácter confiscatorio.
En consecuencia, con este nuevo sistema se pasa de un sistema de regulación compensatoria con cargo a los fabricantes, importadores y distribuidores de equipos y aparatos de reproducción, a un sistema de remuneración (sin contenido indemnizatorio) con cargo al Estado y sin posibilidad de repercusión. Esto es, se ha convertido en un gasto público lo que es una obligación jurídico-privada.
Respecto al segundo punto, la obligación de las entidades de gestión a asociarse para gestionar la ventanilla única como único sistema de recaudación para la facturación y pago de los derechos de autor, el PSOE también reivindica su regulación inconstitucional por cuanto vulnera el derecho de asociación contemplado en el artículo 22 de nuestra Constitución.
Por último, la tercera cuestión es el arbitraje obligatorio al que remite la Ley en caso de desacuerdo entre usuarios y productores sobre tarifas. Dicho arbitraje (del que se hace cargo una comisión dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) impediría la reclamación directa a los Tribunales.
Como colofón a esta polémica acabaré con una afirmación sostenida por Abel Martín: “Tenemos que recuperar la cultura como un factor transversal que afecta a todos los sectores. Desde el punto de vista económico, es una actividad muy importante, pero también desde el punto de vista intelectual y de país, es fundamental”.