Muchas veces olvidamos que la creación artística actual es nuestro patrimonio cultural presente y futuro. Las leyes parecen centradas en la protección del patrimonio cultural de artistas fallecidos ya hace décadas o siglos dejando de lado todo el conjunto de obras que se van creando en el siglo XXI. No en vano los juristas siempre explicamos que las leyes van un paso por detrás de la realidad existente.

Por su parte los artistas, lógicamente tan centrados en su obra y en sus creaciones, descuidan con frecuencia los aspectos legales y la gestión de su creación artística desde la perspectiva, entre otras, del correcto registro, archivo y catalogación de sus obras.

Al faltar el artista y pasar su legado a manos de sus herederos la cosa se complica. Los herederos del artista a veces han sido personas muy próximas al creador y a su obra, pero a veces reciben estos bienes sin saber muy bien cómo gestionarlos, qué hacer con ellos e, incluso, sin ser realmente conscientes de la importancia y el valor -artístico y económico- de los mismos.

Para empezar, el artista igual ni ha otorgado testamento designando herederos. En tal caso y en aplicación de la ley, entra en juego la sucesión intestada recibiendo el conjunto de la obra los herederos legales: hijos o descendientes,  parejas, padres o ascendientes, hermanos… pudiendo incluso llegar a heredar el propio Estado. También es muy probable que el legado artístico quede, en tal caso, en proindiviso entre varios herederos con las complicaciones que ello puede conllevar a falta de buen entendimiento entre ellos.

Además, muchas veces no se es capaz de determinar y tener una relación actualizada de las obras del artista que continuaban siendo de su propiedad en el momento de su fallecimiento puesto que, aparte de las que se pueden encontrar en su taller, en su estudio o en su casa, se desconoce si existen obras en depósito en galerías, museos o instituciones. También se desconoce el destino de muchas de las obras vendidas en vida del artista.

Por otro lado, los herederos de los artistas no siempre están bien asesorados desde un punto de vista jurídico lo que lleva a situaciones de no inclusión del patrimonio artístico del artista fallecido entre los bienes de la herencia. Ello es un error enorme por dos motivos: por un lado, por la posible aplicación de importantes desgravaciones fiscales si se cumplen determinados requisitos y, por otro lado, porque no incluir la creación artística en el activo hereditario condena a todas estas obras a permanecer en una situación irregular desde el punto de vista legal y fiscal complicando enormemente futuras actuaciones a llevar a cabo.

A todo ello hay que sumar que los herederos se encuentran, una vez el legado artístico ha entrado en su propio patrimonio, a situaciones que no saben muy bien como afrontar: ¿deben crear alguna estructura legal para gestionar el legado artístico?, ¿cómo deben emitir un certificado de autenticidad de la obra?, ¿en qué manera deben registrar, archivar y catalogar?, ¿cómo deben conservar las piezas?, ¿qué derechos tienen sobre la obra heredera desde el punto de vista de la propiedad intelectual?, ¿qué impuestos deben pagar si venden alguna de las obras?…

Anticipar todas estas cuestiones en vida de los propios creadores y concienciar a sus herederos es la mejor manera de evitar problemas futuros.

Además del propio artista y de sus herederos, también juegan un papel importante en estos temas las instituciones públicas y privadas que se ocupan de la gestión de los legados y los profesionales del arte -galeristas en gran medida- que se han encargado de promocionar al artista, así como los abogados especialistas en este tipo de asuntos.

Como decíamos al principio, la creación artística actual es nuestro patrimonio cultural presente y futuro por lo que hay que cuidar y proteger a las personas que hacen posible esa creación artística: los artistas. Igual que hay que cuidar y proteger desde las diferentes perspectivas apuntadas sus legados por parte de sus herederos.

Los artistas plásticos españoles han presentado tradicionalmente una serie de problemáticas recurrentes que se pueden agrupar en tres grandes temas: la fiscalidad del sector; la protección laboral y de Seguridad Social, y la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.

Muchos esfuerzos se han empleado para conseguir mejorar estas problemáticas efectuando una serie de recomendaciones en cada uno de los temas.

Así en materia de fiscalidad en relación con el arte, se consideran adecuadas, entre otras medidas a adoptar, un sistema basado en “medias móviles” para que los trabajadores tributen según un promedio de los ingresos de los últimos 3, 4 o 5 años y con un límite máximo; una exención del 30% para ingresos irregulares; la admisión entre los gastos deducibles los de formación, instrumentos y herramientas de trabajo, los de honorarios y comisiones a agentes e intermediarios o la reducción del IVA al 10%

Y en materia laboral y Seguridad Social siempre se ha recomendado, representatividad sindical, un sistema de ampliación del concepto de trabajo cultural, el acceso al derecho a paro o a la baja maternal a través de un convenio especial, medidas de lucha contra la proliferación de los “falsos autónomos”, modificación del IAE actualizando los epígrafes a la realidad de los profesionales o la compatibilidad del cobro de derechos de propiedad intelectual y actividades creativas con la percepción de la pensión de jubilación.

En el año 2018, se aprobó por unanimidad el Informe de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura (2018). También en el año 2018 se aprobó el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.

Estos avances supusieron un paso decisivo en la mejora de las condiciones de todas las personas trabajadoras de la cultura, y, en particular, en la adecuación de la normativa a las especialidades del sector cultural y a su carácter intermitente.

En el año 2019, se aprobó el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, abordando los términos y condiciones de la compatibilidad del percibo de la pensión de jubilación con la actividad de aquellos profesionales dedicados a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual.

Con la llegada de la Covid-19 el Estatuto del Artista quedó en un segundo plano y se trampeó su paralización con diversas medidas aprobadas, como hemos visto, de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19.

En el año 2021 se creó y reguló la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista y en el año 2022 se aprobó el Real Decreto-Ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

Finalmente, en el año 2023, se han dictado dos importantes normativas: el Real Decreto 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas y el Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones.

A raíz de estas normativas y una vez entren en vigor, los artistas plásticos podrán compatibilizar el cobro del 100% de la pensión de jubilación contributiva (se excluye, por tanto, la pensión no contributiva) con la actividad artística por cuenta propia o por cuenta ajena. También podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación contributiva, incluidos los derechos de complementos a mínimos, complementos por maternidad y reducción de la brecha de género, y trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia como artistas y vender las obras que creen y ello, aunque perciban o no derechos de propiedad intelectual por dicha actividad

A tener presente que esta compatibilidad no se podrá aplicar a los artistas que, además de ejercer la actividad artística, realicen otros trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia diferente de la actividad artística. Tampoco a los artistas que estén en situación de jubilación anticipada o jubilación parcial. Por tanto solo se podrá acceder a este derecho a partir de los 67 años, edad de jubilación ordinaria, a no ser que por haber cotizado muchos años el pensionista pueda acceder a la jubilación ordinaria entre los 65 y los 67 años).

También a tener en cuenta que el artista que quiera compatibilizar la pensión de jubilación y la actividad artística por cuenta propia deberá solicitar el alta en el régimen especial y cotizar sólo por contingencias profesionales y cotizar el 9% por cotización especial de solidaridad. En el supuesto de realizarlo por cuenta ajena esta obligación corresponderá al empresario.

Esperamos que a estos avances que se han ido materializando en los últimos años se sumen nuevas medidas que sirvan para mejorar de manera sustancial la situación, muchas veces precaria, de los artistas plásticos y visuales.

Hace unos días se celebró en Arts Santa Mònica en Barcelona las “Jornadas sobre Arte & Galerismo’22” organizadas por el GAC-Galeries d’Art de Catalunya y con la colaboración de las Talking Galleries. Y un año más NIAL ART participó en las Jornadas, esta vez con una charla sobre la gestión legal de una galería de arte.

Los tres pilares en los que se basa el triunfo de la galería de arte son el artístico, el social y el económico. Y es que la galería no es solamente un espacio expositivo, es un negocio en el que se deben tener muy en cuenta sus aspectos legales: jurídicos, fiscales y contractuales.

La figura del galerista nace con el propósito de convertir el valor latente de la cultura en valor económico. Sin embargo, el galerista muchas veces no desarrolla unas prácticas empresariales sólidas ya que sus esfuerzos los enfoca casi exclusivamente en el área artística, lo que le puede llevar al fracaso. Para evitarlo es necesario pensar en objetivos económicos y la única forma es a través de la profesionalización del negocio y trabajando como una empresa.

Dentro de la profesionalización del negocio está la profesionalización desde la vertiente legal. Introducir prácticas más profesionales, sin duda, tiene un impacto positivo en el arte. Arte y negocio son posibles y deben convivir, incluso organizaciones artísticas sin ánimo de lucro lo han hecho.

Los aspectos legales a tener en cuenta por parte del galerista son de índole muy variada empezando por el modelo de estructura a utilizar en la gestión, ya que la galería puede ser regida por un profesional autónomo o una sociedad y escoger una u otra opción debe ser convenientemente valorado.

También registrar en el Registro de Marcas la marca o el nombre comercial de la galería debería ser un punto a considerar junto con los diferentes tipos de seguros a tener contratados: de continente, de contenido, de transportes y de empleados.

Otro aspecto legal de gran importancia para un galerista es el relativo a los derechos de autor y a los derechos de imagen del artista. Los derechos de autor, regulados en la Ley de Propiedad Intelectual están formados por los derechos morales y los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación) y es muy conveniente que el galerista cuente con la cesión por escrito de algunos de estos derechos para utilizar imágenes y vídeos para la web de la galería, las notas de prensa las exposiciones, las tarjetas de invitación a las exposiciones, las hojas de sala, los catálogos, las redes sociales o la newsletter.

Asimismo, que el galerista tenga en cuenta la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, con sus limitaciones y obligaciones, puesto que una de las herramientas indispensables de trabajo en una galería es la agenda de contactos de amigos, familiares, coleccionistas, críticos, comisarios, clientes potenciales, artistas, etc. para todo tipo de comunicaciones.

El aspecto contractual, no siempre bien resuelto por parte de los galeristas, no debería descuidarse. La firma de documentos sencillos con los artistas a los cuales se representa o con los cuales se colabora de manera puntal, que recoja los acuerdos alcanzados sobre todo en los puntos que habitualmente suelen ser más controvertidos (porcentajes, fijación de precios, producción de obra, promoción y sus costes…) y la firma de hojas de depósito de obra puede evitar muchos problemas futuros. Igualmente interesante es fijar por escrito los acuerdos de colaboración entre galerías de arte cada más en boga a fin de llegar a mercados, de otro modo, muchas veces inalcanzables.

Y si un aspecto legal no debe descuidarse por parte de los galeristas es el fiscal: emisión de facturas que incluyan todos los apartados que fija la normativa, sujeción al tipo de IVA según la operación sea a nivel nacional, a nivel comunitario o a nivel internacional teniendo en cuenta si conviene y es posible la aplicación del régimen de usados y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley del IVA, desde julio de 2021, en las ventas a distancia a particulares de otro Estado miembro de la Unión Europea si el galerista español se encarga de los trámites del transporte o de su gestión y siempre que la operación supere los 10.000 euros.

Por último, mencionar tres normativas más que deben cumplir los galeristas.

En primer lugar, la Ley del blanqueo de capitales, con obligación de identificar al comprador/vendedor en compraventas superiores a 1.000 euros y tomar medidas especiales cuando la compraventa presente un riesgo más elevado de blanqueo de capitales por provenir de paraísos fiscales, por tratarse de ventas anormales que no tengan una finalidad económica o lícita aparente o de importe inusitadamente elevado

En segundo lugar, la Ley de protección de seguridad ciudadana, en relación con la obligación que tienen semanalmente las galerías de arte de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las compras de las obras que provienen de una segunda o sucesiva compraventa (mercado secundario).

Y por último, la desconocida y poco aplicada Ley sobre seguridad privada que obliga, entre otras cosas, a los galeristas que quieran trasladar una o diversas obras de arte cuyo valor, individual o en conjunto, supere los 125.000 euros  a contratar vigilantes de seguridad y transporte en condiciones especiales.

La invasión rusa de Ucrania, que se inició el 24 de febrero de 2022, supone el mayor ataque militar en Europa desde los conflictos en territorio de la antigua Yugoslavia entre 1991 y 2001. Este episodio bélico en curso está provocando miles de víctimas mortales y la mayor crisis de refugiados en este continente desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la condena internacional generalizada en Occidente y de las sanciones económicas impuestas a Rusia, la guerra continua.

El conflicto bélico comporta también destrucción del patrimonio cultural donde el mismo se desarrolla. Y con el conflicto bélico, aparte de la destrucción, el tráfico ilícito de bienes culturales. Ucrania no está siendo, por desgracia, una excepción. Hay museos derribados, museos parcialmente destrozados y museos saqueados por las fuerzas rusas. La UNESCO ha podido identificar, hasta el momento, daños relevantes en 12 museos, en 26 edificios históricos, en 16 instituciones culturales, en 15 monumentos y en 7 bibliotecas. Y seguro que habrá más.

La ayuda internacional está siendo de importancia capital ya que se ha proporcionado desde material de embalaje, hasta equipos de protección para colecciones y organizado la evacuación de piezas a lugares y depósitos más seguros.

En estas situaciones el papel que pueden ejercer organismos supranacionales como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)  y el ICOM (Consejo Internacional de Museos) es fundamental. No en balde, la UNESCO busca la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura y el ICOM es la única organización de museos y profesionales de museos que se dedica a promover y proteger, entre otros, el patrimonio cultural.

Ambos organismos han condenado enérgicamente la invasión rusa en Ucrania y han demostrado su preocupación por la amenaza a la que se encuentra sometido el patrimonio cultural ucraniano debido al conflicto bélico. Además, se está confeccionando por el ICOM y con la ayuda de un equipo expertos en la materia, la mayoría ucranianos, una Lista Roja del tráfico ilícito de obras de arte ucranianas saqueadas por las tropas rusas. Esta lista será la número 19 que publique el ICOM igual que ya hizo en su momento en otros conflictos bélicos como los acaecidos en Afganistán, Egipto, Yemen, Irak o Siria y su objetivo es impedir la venta de estas piezas en el mercado internacional.

También hay que destacar muy especialmente el papel que ALIPH en el conflicto ucraniano. ALIPH es una alianza internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto (www.aliph-foundation.org) y tienen tres áreas de intervención según ellos mismos definen: “la protección preventiva para reducir el riesgo de destrucción, las medidas de emergencia para garantizar la seguridad del patrimonio y el trabajo posconflicto para permitir que la población local vuelva a disfrutar del patrimonio cultural”.

A 31 de mayo de 2022, ALIPH había ya adoptado un plan de acción con una inversión de 3 millones de dólares apoyando más de 100 proyectos para proteger museos, bibliotecas y archivos y poniendo a salvo más de 100 colecciones.

Por otro lado, importante también no perder de vista que ambos países, Ucrania y Rusia, son Estados parte de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y de su Primer Protocolo. Justamente la Convención de la Haya de 1954 surgió como consecuencia de las destrucciones masivas de bienes culturales que se habían producido durante la Segunda Guerra Mundial. En su momento se partió de dos convencimientos: por un lado, el hecho de que las modernas tecnologías bélicas suponen una amenaza cada vez más grave para la conservación de bienes culturales y, por otro lado, el hecho de que la prevención de los desastres ocasionados por conflictos armados y situaciones de ocupación de territorios debe llevarse a cabo en tiempo de paz.

Y es que es precisamente en tiempos de paz cuando los países deben dedicar el tiempo y los recursos oportunos a proteger adecuadamente su patrimonio cultural llevando a cabo acciones tales como crear un sistema nacional de inventario del patrimonio, crear y financiar organismos que se encarguen de la protección del patrimonio cultural, o establecer protocolos de actuación en caso de conflictos bélicos o desastres naturales.